La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 7 años y 4 meses de cárcel a seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la estafa en la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011. En concreto, se trata de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos.
Además, condena a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, el que fuera director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como 'banquito de Jerez'. Asimismo, los magistrados imponen la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, que figuraba como partícipe y de numerosas sociedades del grupo. Igualmente condenan a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes, mientras que absuelve a otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados.
Los hijos de Ruíz-Mateos en la Audiencia de Palma
El fallo condena a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Pazos y con Romero, a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los a los más de 4.100 inversores perjudicados que aportaron al menos 243 millones de euros mediante la compra de pagarés entre 2009 y 2011. El tribunal detalla que Nueva Rumasa operaba como un complejo conglomerado de sociedades bajo gestión común pero sin matriz legal, utilizando empresas en paraísos fiscales como Belice y Panamá para mantener la opacidad del grupo.
A principios del 2009, el grupo acumulaba deudas millonarias y necesitaba urgentemente 52 millones para pagos inmediatos, con vencimientos por 197,5 millones ese año y otros 194,6 millones en 2010. “Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas, los responsables del grupo, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores y consumidores, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público”, asevera el fallo.
Estafa de Nueva Rumasa
Parte del dinero se desvió para gastos personales de la familia
Los fondos captados se destinaban a una caja común para redistribuirlos entre las sociedades del grupo, siendo su única fuente de ingresos netos entre 2009 y 2011. Parte del dinero se desvió para gastos personales de la familia. Los fondos buscaban “no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros”, se lee en la sentencia.
El grupo estaba dirigido y gestionado por los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre, quienes asimismo contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores. Para captar inversores, los Ruiz-Mateos decidieron apelar al ahorro del público mediante “agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional”, fundamentalmente en la prensa escrita, en las que ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones, cuidando que en esas campañas se mostrara siempre una imagen de solvencia y bonanza empresarial que carecía de todo sustento.
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Según el tribunal, el mecanismo ideado por los acusados consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de unos “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos” no a la orden, emitidos y avalados por sociedades del grupo. Todo ello, “aprovechando la confianza general que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado nacional bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad, ocultando siempre su situación real de insolvencia”, argumentan los magistrados.
Procedentes de 4.110 inversores
El importe total de los fondos captados fue de 337, 4 millones de euros
La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del grupo, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas. Según esa información, precisa la sentencia, el importe total de los fondos captados fue de 337, 4 millones de euros.
Los fondos captados por los acusados se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde la que luego se redistribuían al resto de sociedades del grupo en función de sus necesidades particulares. La sentencia explica que los acusados destinaron parte de los fondos a la adquisición de bienes de la familia Ruiz-Mateos entre ellos vehículos e inmuebles, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas.
Los magistrados detallan que, a partir del mes de marzo de 2011, con el fin de paralizar las ejecuciones derivadas de las numerosas obligaciones de pago que iban venciendo diariamente, se empezaron a presentar solicitudes de declaración de concurso voluntario de las principales empresas productivas del grupo.
Previendo el cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de la absoluta imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores, y ante la posible inminencia de embargos judiciales y de las acciones que eventualmente pudieran ejercer los miles de perjudicados, los acusados pusieron en práctica diversas estrategias para salvar en lo posible su patrimonio.
El fallo relata que se encargaron de transmitir a las empresas del grupo a otras personas e interponer nuevos es concertados para la ocasión, con el fin de mantener su control y participar encubiertamente en el producto de su liquidación, así como situar todo el patrimonio adscrito a esas sociedades a resguardo de acciones judiciales.
Según la Sala, fue a partir de marzo de 2011 cuando los seis hermanos aron con el también condenado Ángel de Cabo, especialista en reflotar o liquidar sociedades mercantiles en crisis, quien, junto a sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia, ayudaron a los Ruiz-Mateos a poner a salvo su patrimonio. El fallo de la Audiencia Nacional absuelve a Alfonso Barón Rivero, Manuel Sánchez Marín, Ricardo Álvarez Castaño y Rufino Romero de la Rosa.