Después de que los sucesivos gobiernos de la Generalitat se llevaran los edificios públicos fuera del centro de Barcelona tras vender patrimonio, el Ejecutivo de Salvador Illa ha optado por recuperar la emblemática torre Muñoz (ubicada en la confluencia del paseo de Gràcia y la Diagonal) para instalar una gran oficina de atención ciudadana y reubicar varios organismos dispersos en inmuebles de alquiler. La inversión es de 26,7 millones de euros –que cuenta con una partida específica que viene de años anteriores pese a estar los presupuestos prorrogados– para comenzar las obras de manera inmediata, aunque se alargaran hasta el 2030.
Hace 10 años, el Govern de Artur Mas vendió el edificio junto con la sede de Treball en la calle Sepúlveda por 63 millones a Nadlan BCN, sociedad de inversión que estuvo representada por el presidente del Barça Joan Laporta. La estrategia del Govern de entonces –con graves problemas de tesorería por la crisis financiera– era vender todo el patrimonio posible y optar por el alquiler. Se perseguía sumar recursos para hacer frente a la emergencia del momento. El movimiento de Illa es justo el contrario y sigue la estela fijada en noviembre del 2023 por el govern de ERC de Pere Aragonès.
Economia espera un ahorro en alquileres de 49 millones en 20 años con la ubicación del CAC o la ACCO
Cuando se vendió el inmueble en el 2015, y tras abonar el comprador el primer pago de 15 millones, Nadlan BCN no pagó el resto del importe, por lo que la Generalitat se incautó del primer ingreso y se quedó, obviamente, con el edificio. Por eso nunca llegó a manos privadas. El proceso que acabó judicializado fue confirmado a favor de la Generalitat por el Tribunal Supremo en el 2021.
En el edificio que se va a reformar de manera integral, además de la oficina de atención ciudadana de la planta baja, se ubicarán el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya), la CJA (Comissió Jurídica Assessora), la ACCO (Autoritat Catalana de la Competència), el CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) y la OAFC (Oficina Antifrau de Catalunya).
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Torre Muñoz es propiedad de la Generalitat desde el 1981, cuando la adquirió junto con el Palau Robert por 3,8 millones de euros. Durante años estuvo ubicado en el inmueble –que ahora se va a reformar de manera integral– la conselleria d’Empresa i Treball. Los despachos de arquitectos encargados de la reforma son Brullet i Associats y SLP & F87 Arquitectura Ingeniería Facilities, SLP.
La puesta en marcha del proyecto se produce después de que el Govern haya autorizado al Departament d’Economia que dirige Alícia Romero la firma de los convenios con las diferentes entidades del sector público de la Generalitat que ocuparán los espacios del emblemático edificio situado en el número 105 del paseo de Gràcia.
Desde el punto de vista financiero, la sustitución de los alquileres por el uso de inmuebles en propiedad persigue una bajada de costes. Jonatan Ferreras Román, director general del Patrimoni, detalla que en 20 años el ahorro será de 75 millones, 49 si se descuenta el coste de la reforma. El plan diseñado por Economia es que la inversión se pueda amortizar en seis años.
“Hacía dos años que el edificio estaba vacío, y ahora hemos querido acercarlo a la atención personal en el centro de la ciudad”, explica la secretaria general de la Presidencia, Eva Giménez. En los 800 metros cuadrados que ocupará la oficina habrá 25 informadores más cinco agentes digitales. La previsión es que se puedan llevar a cabo 100.000 trámites al año en las instalaciones. Giménez recuerda que se quiere instalar otra oficina en la plaza Sant Jaume de Barcelona. “Hemos aprovechado la oportunidad para darle un uso público al inmueble”, añade.
Aunque inicialmente se aprobó el año pasado con el anterior Govern de Aragonès que los bajos del edificio los ocupara la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), al final se ha optado por la citada oficina de atención ciudadana. El edificio tiene una superficie total de más de 8.800 metros cuadrados.
