La sorpresiva irrupción de Bruselas en la opa del BBVA sobre el Sabadell, apuntando que no veía motivos para que el Gobierno español la obstaculizara, justo el mismo día que Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, anunciaba que elevaba el caso al Consejo de Ministros, ha llamado la atención. Hay susceptibilidad con el comportamiento de una Comisión Europea que a veces parece sumergirse en el debate político español a lomos de un PP que intenta castigar el hígado de Pedro Sánchez.
Imagen del Parlamento europeo en Bruselas
Fácticamente, todo empezó con la publicación de la opinión de la Comisión por un medio especializado, que luego fue recogida por otros generalistas, lo que desató la cadena que se convirtió en noticia destacada del día.
En Italia, donde otra opa está en marcha, la de Unicredit sobre la BPM, el activo portavoz del ejecutivo comunitario, Olof Gill, no abrió la boca hasta bastantes días después de que el ejecutivo de Giorgia Meloni anunciara sus duras condiciones a esa fusión. Tan duras que, si no se modifican, condenan al fracaso la fusión acometida por Andrea Orcel. Y, pese a la crítica decisión del gobierno italiano, el portavoz fue muy comedido: “Podemos confirmar que la Comisión ha solicitado más información a las autoridades italianas sobre la posible aplicación de la llamada legislación de la acción de oro” (mecanismo que permite vetar o imponer condiciones a cambios accionariales).
La anticipación con la que ha actuado Bruselas en el caso BBVA-Sabadell, cuando Cuerpo ha echado mano de una ley que lleva más de una década vigente y mientras aún no se ha pronunciado, alimenta las sospechas.
La decisión que finalmente adopte Sánchez será controvertida en cualquiera de sus variantes, tanto si la operación sigue adelante o si deviene inviable. Pero es algo que aún está por ver y ninguno de los dos bandos en pugna está hoy en condiciones de cantar victoria.
Volviendo a Italia, la Comisión no ha vuelto a pronunciarse pese a que hace dos días Orcel empezaba a dar por pérdida la operación, pues aunque ha recurrido a Bruselas y a los tribunales de justicia, los plazos de estas instancias no se acomodan a sus urgencias.
En Roma, las maniobras se han concentrado sobre el gobierno. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, declaraba ayer que antes de suavizar las condiciones dimitiría. Un choque directo con el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien pocas horas había declarado justamente que se podían relajar para facilitar la fusión. Por otra parte, Tajani, hombre fuerte del PP europeo, fue una de las teclas activadas por Alberto Núñez Feijóo para obstaculizar el reconocimiento del catalán en Europa. Tajani aduce que la venta del negocio ruso de Unicredit, una de las condiciones, afectaría a casi 300 grandes empresas de Italia, uno de los países europeos que tienen más actividad económica con Moscú pese a las sanciones. ¿Lobby político, financiero, empresarial?
