El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, se ha infiltrado en los últimos 52 días en decenas de departamentos y agencias federales en busca de programas para recortar, ha ordenado el despido de decenas de miles de trabajadores y ha desmantelado gran parte de la ayuda exterior estadounidense. Pero se ha quedado corto en su razón de ser: el gasto de Estados Unidos alcanzó en febrero una nueva cifra récord de 603.000 millones de dólares, según revelan los últimos datos del Tesoro.
El DOGE afirma que ha logrado ahorrar al gobierno más de 100.000 millones de dólares, pero tan solo un puñado de departamentos registraron alguna caída en el gasto en el primer mes completo desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, el gasto aumentó en 40.000 millones de dólares en la comparación interanual, un aumento del 7% respecto al último febrero de la istración de Joe Biden.
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El hombre más rico del mundo, encargado de reducir el tamaño de la istración en nombre de la “eficiencia”, se propuso en campaña el objetivo de reducir el presupuesto federal anual en 2 billones de dólares. Después de la victoria de Trump en los comicios del 5 de noviembre, rebajó su meta a la mitad. Aunque algunos de los despidos pueden no haber sido todavía computados en las cuentas públicas, los datos de la primera ronda de recortes, que según el gobierno será la más agresiva –Trump dijo la semana pasada que en la segunda ronda se pasará del “hacha” al “bisturí”– no parecen indicar que el ritmo vaya a alcanzar la meta de un billón en un año.
La primera víctima de la motosierra de Musk fue la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ahora bajo supervisión del departamento de Estado, y su gasto mensual se ha reducido a la mitad respecto a febrero del año pasado, de 547 millones de dólares a 226 millones. El Departamento de Educación, uno de los más damnificados por la acción del consejero delegado de Tesla, ha recortado gastos en subvenciones, préstamos, becas, investigación y otras ayudas federales por valor de 6.000 millones de dólares, según el Departamento del Tesoro.
Pero los recortes han quedado eclipsados por aumentos de 5.000 millones de dólares en el gasto sanitario, de 8.000 millones en la seguridad social, de 29.000 millones en el pago de la deuda y de 14.000 millones en créditos fiscales y pagos asociados, entre otras partidas.
Después de los primeros enfrentamientos, en público y en privado, entre algunos del gabinete y Musk –quien formalmente no forma parte del mismo–, Trump anunció la semana pasada que iba a dar a sus secretarios la autoridad sobre los recortes en sus propios departamentos y agencias, relegando al DOGE a un papel de apoyo o "vigilancia". La medida se tomó después de las quejas de algunos secretarios, que alegan que Musk ha invadido sus competencias, despidiendo a personal cualificado que después ha tenido que ser recontratado para proyectos esenciales, como la seguridad nuclear.
También debido a su invasión competencial, los recortes del DOGE se han enfrentado a múltiples desafíos judiciales, que le han obligado a dar marcha atrás en algunas de sus decisiones. Por ejemplo, la semana pasada el Tribunal Supremo ordenó a la istración a descongelar parte de la ayuda exterior suspendida, por valor de 2.000 millones de dólares. Un juez federal bloqueó de forma cautelar los despidos masivos de trabajadores en periodo de prueba.
Esta mañana, otro juez ha ido un paso más allá y ha ordenado al Gobierno que reita a miles de empleados despedidos de seis agencias, alegando que la justificación de Musk para despedirlos ha sido una “farsa”. El juez ha ordenado al Departamento del Tesoro y a los de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía e Interior que reincorporen a todos los empleados que habían sido despedidos indebidamente.
En el Senado
Los republicanos tienen hasta el sábado para evitar el cierre de gobierno, pero necesitarán siete votos demócratas
El objetivo de reducción del déficit es también competencia del Congreso, encargado de la asignación de presupuestos. Los legisladores republicanos se han apresurado en las últimas semanas para diseñar una nueva ley de gasto para financiar al Gobierno, que deberá ser aprobada antes de este sábado a las 12h (a las 17h en la España peninsular), cuando expira la financiación actual, para evitar las catastróficas consecuencias de un cierre de gobierno.
La medida, que superó las divisiones en la bancada republicana, fue aprobada esta semana en la Cámara de Representantes, pero sus perspectivas son menores en el Senado, donde se necesitan siete votos demócratas. Sin embargo, el partido está unido en la decisión de votar en contra, puesto que se plantean profundos recortes de programas sociales, como los seguros de salud para personas mayores de 65 años y de bajos ingresos, el Medicare y el Medicaid. De ser aprobado, tan solo reducirá en un 0,1% el presupuesto anual, en 7.000 millones del total de 7 billones.
En paralelo, el Congreso trata de aprobar otra ley de gasto más exhaustiva, que permita hacer avanzar la agenda de Trump, y para la que hay tiempo hasta el 1 de octubre. De momento, la Cámara de Representantes aprobó un plan presupuestario, una especie de marco, que establece los límites del máximo de recortes que se pueden realizar y la rebaja máxima de impuestos. La medida deberá ser aprobada por el Senado y después las dos cámaras deberán concretar qué programas se recortan y especificar las rebajas fiscales.
Sin embargo, la resolución presupuestaria aprobada en la Cámara Baja plantea 4,5 billones de dólares en rebajas de impuestos y un recorte de 2 billones en el gasto federal durante la próxima década, lo que implica que el déficit aumentará hasta en 2,5 billones de dólares en diez años, la diferencia entre el máximo que dejará de ingresar la istración y lo que ahorrará.