El próximo miércoles, 14 de mayo, es un día marcado en rojo en las agendas de los propietarios del grupo Prisa. Ese día se celebra en Madrid la junta de accionistas de la compañía propietaria de El País , la Ser y Santillana. La convocatoria no supondrá cambios significativos en el día a día del funcionamiento interno, pero sí marcará un antes y un después. Es el día en el que Joseph Oughourlian, propietario del fondo Amber y principal accionista de la cotizada, certificará la toma de control de las decisiones tras fulminar el proyecto de televisión en abierto y una polémica ampliación de capital, acompañada de la refinanciación de la deuda, que ha hecho saltar por los aires la relación de cogobernanza con el grupo de inversores españoles. El consejo de istración se encuentra dividido y la solución a esta crisis cuesta vislumbrarla por parte de los dos bandos enfrentados.
Oughourlian tiene, en principio, amarrada una mayoría accionarial suficiente para poder superar la junta del miércoles sin problemas. Vivendi ha respaldado sus últimas decisiones en el consejo, como lo ha hecho un grupo de consejeros independientes. Sin embargo, el consejo de istración celebrado el pasado martes evidenció este choque interno en Prisa. El órgano de gobierno del grupo aprobó la refinanciación, que da oxígeno financiero a Prisa hasta el 2029. El tramo junior de la deuda queda amortizado (40 millones) y solo restarían otros dos tramos. En total, la deuda bruta de Prisa asciende a más de 800 millones. Cuatro consejeros –Manuel Polanco, Andrés Varela Entrecanales, Pepita Marín e Isabel Sánchez– votaron en contra de alguna de las cláusulas que lleva aparejada dicha refinanciación: la ayuda financiera está condicionada a la continuidad del máximo accionista. El consejo está fracturado, pero aprobó por mayoría dichas condiciones. El viernes se produjo la firma del contrato de novación.
El consejo de istración aprobó la refinanciación de la deuda, aunque con votos en contra
El movimiento de la ampliación de capital y la refinanciación ha provocado, por tanto, que Oughourlian logre margen financiero hasta el 2029, diluya a todos los accionistas (excepto su participación, que mantuvo gracias a convertir acciones) y mantenga su posición en el grupo. El máximo accionista tiene el control, por tanto. Los críticos se preguntan cómo un accionista con menos del 30% del capital puede disponer de esta situación. Todo ello ha sido judicializado por los accionistas españoles, pero, de momento, la jueza ha rechazado las cautelarísimas y las cautelares. Aún no se ha pronunciado sobre el fondo.
La solución a la encrucijada en la que se encuentra el grupo Prisa no resulta sencilla, iten tanto fuentes cercanas a Oughourlian como del grupo de accionistas españoles. Estos últimos ya han comenzado a tantear –de momento ha sido solo eso, afirman, meros tanteos– al principal accionista sobre la posibilidad de negociar una compra de su paquete total o de, al menos, de El País y la Ser. “Habría tres opciones: que Oughourlian venda, que no venda o establecer con él un acuerdo de cogobernanza, que no es sencillo”, apunta una fuente conocedora de estas aproximaciones.
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El problema para alcanzar un acuerdo estaría en el precio. El entorno de Oughourlian ha llegado a hablar de cifras que superan los 700 millones por El País y la Ser exclusivamente. Estas cantidades son absolutamente innegociables, por elevadas, para el grupo español. El valor de capitalización de Prisa, que incluye El País , la Ser y también Santillana, es de 559,93 millones, a cierre de la bolsa el pasado viernes.
En la ecuación también hay que contemplar que Oughourlian no puede vender su participación o una parte de Prisa a cualquier comprador, ya que el Gobierno puede ejercer su capacidad de veto ante una operación que implique la participación de un accionista extranjero.
