Comienza la recta final en la batalla política de la opa del BBVA por Banc Sabadell. El Ministerio de Economía ha decidido elevar al Consejo de Ministros el expediente sobre esta concentración bancaria, al detectar elementos que afectan al interés general más allá de los de competencia.
Las razones de interés general que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha identificado tienen que ver con el impacto de la operación sobre el “adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social”.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo
A partir de ahora, el Gobierno dispondrá de 30 días, hasta el 27 de junio, para decidir si impone condiciones adicionales a los compromisos que el BBVA ya asumió a finales de abril ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Economía ya ha avisado a las partes de su decisión.
De los elementos de interés general citados por Economía, hay dos que aparecen expresamente citados en la Ley de Defensa de la Competencia como “criterios de valoración sustantiva” para que el Gobierno intervenga. Son el primer lugar “promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos” y, en segundo lugar, la “garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial”. Los juristas interpretan que los criterios de la ley no son limitativos, esto es, que el Gobierno puede citar elementos adicionales de interés general.
Cinco ministerios avalan la decisión
En declaraciones a la prensa en el Senado, Cuerpo ha explicado que cinco ministerios han pedido que se eleve el expediente al Consejo de Ministros. La decisión final del Gobierno se tomará sobre la base de los informes de Economía y de estos ministerios, y tendrá en cuenta los resultados de la consulta pública recientemente realizada.
Los cinco ministerios que han apoyado la decisión, indican fuentes de Economía, son tanto el departamento de Cuerpo como los de Trabajo, Seguridad Social, Industria y Consumo.
“Oídos todos los ministerios con competencia económicas, cinco de ellos han pedido la elevación”, ha dicho el ministro. “Tenemos que profundizar en el seguimiento del potencial impacto de esta operación”. También ha indicado que se elaborará “un informe más profundo sobre la materia”.
“Continuaremos defendiendo los intereses de Catalunya”, dice Illa
El un post en la red social X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la opa “sigue el proceso establecido en estos casos” y que “la posición del Govern de Catalunya es la misma: defender la competencia equilibrada y que las empresas y las familias tengan una oferta bancaria justa, adecuada a las necesidades del territorio”.
“Continuaremos defendiendo los intereses de Catalunya, con plena confianza en el buen momento económico del país, fortaleciendo nuestra competitividad y capacidad de generar prosperidad”, ha afirmado.
El Ejecutivo no puede prohibir la operación, pero sí imponer exigencias que la dificulten. Salvo que las barreras del Gobierno desvirtúen la operación, la intención del BBVA es, una vez superado el trámite del Consejo de Ministros y obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lanzar la opa lo antes posible.
Cuerpo destaca la utilidad de la consulta pública
La decisión de Economía se adopta tras la consulta pública lanzada por su departamento entre el 6 y el 16 de mayo con el objetivo de recabar la opinión de particulares y organizaciones acerca de los efectos de la operación sobre el interés general.
”La consulta pública ha sido útil para nosotros porque queríamos mirar en términos cualitativos cuál era la pulsión de la sociedad civil. Ha habido una buena respuesta. El resultado apunta a razones de interés general que pudieran verse afectadas”, ha afirmado.
Estos días, varias organizaciones empresariales, incluido el Cercle d'Economia, se han opuesto a la operación, al igual que los sindicatos CCOO y UGT, que avisan de su “grave perjuicio para la sociedad”. En cambio, el BBVA ha negado la existencia elementos de interés general diferentes a los ya analizados en la CNMC.
Un mecanismo poco utilizado
Con la actual Ley de Defensa de Competencia, el Consejo de Ministros solo ha recurrido en una ocasión al mecanismo activado este martes. Fue durante la concentración entre Atresmedia y La Sexta, para rebajar en aquella ocasión las condiciones de la CNMC.
Hay en cambio otros precedentes de expedientes de Competencia en los que ha intervenido el Gobierno. En algunos casos, los afectados llegaron a recurrir al Tribunal Supremo, opción de la que dispondrá el BBVA en caso de quedar disconforme con lo que decida el Consejo de Ministros.
A comienzos de siglo, en la etapa de Rodrigo Rato como ministro de Economía, el Gobierno vetó la unión entre Endesa e Iberdrola, sin que las empresas llegasen a recurrir.
En el 2002, cuando el por entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos calificaba el fútbol de “interés general”, el Gobierno puso condiciones especiales a la concentración entre Sogecable y Vía Digital. El alto tribunal le dio la razón.
Sin embargo, en el 2000 el Supremo anuló la decisión del Consejo de Ministros de impedir una concentración entre Prosegur y Blindados del Norte.
Fase tres del procedimiento de Competencia
El trámite que ahora se inicia en torno a la opa del BBVA forma parte de los procedimientos establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia. Es una especie de tercera fase que complementa la resolución de la CNMC.
Si el BBVA siguiese adelante con la opa, el periodo de aceptación será de entre 30 y 70 días naturales. Es probable que se decante por la segunda opción o que, al menos, el proceso concluya entrado septiembre, ante la dificultad para movilizar a los accionistas del Sabadell en periodo estival.
En realidad, las autorizaciones del Gobierno no acaban aquí. Desde el 2014, la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, puesta en marcha en la etapa de Luis de Guindos como ministro, deja en manos de Economía la autorización final de una fusión. El BBVA podría lanzar la opa y convertirse en accionista mayoritario del Sabadell, pero el Gobierno tiene potestad para impedir una fusión ulterior.
